Una acción popular presentada por Humberto Vidaurre podría poner en jaque la participación de ocho organizaciones políticas en las elecciones generales de 2025. El jurista acusa al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de omisión y exige que se haga cumplir la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
“La acción popular fue necesaria, no nos dejaron otra opción”, dijo Vidaurre en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, al explicar que desde el 10 de abril presentó una solicitud ante el TSE para cancelar la personería jurídica de ocho partidos que, asegura, no se adecuaron a la normativa vigente.
Los partidos observados son: ADN, PAN-BOL, MNR, PDC, FPV, APB-Súmate, Unidad Nacional y Demócratas. Según Vidaurre, seis de ellos habrían realizado la adecuación fuera del plazo establecido por ley –que venció el 31 de diciembre de 2021–, mientras que los otros dos no lo hicieron en absoluto. La ley fue promulgada en septiembre de 2018, y los partidos tuvieron tres años para cumplirla.
“El TSE no solo ignoró nuestra solicitud, sino que emitió la convocatoria a elecciones, permitiendo la inscripción de partidos que debieron estar inhabilitados”, cuestionó.
El caso también apunta directamente al Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y APB-Súmate, partidos a los que se les pide sanciones adicionales. Vidaurre sostiene que ni siquiera cumplen con el requisito de haber sido constituidos al menos 120 días antes de las elecciones primarias —un paso suprimido este año, pero que, a su juicio, no anula el plazo legal de constitución.
Desde Morena niegan las acusaciones y aseguran que han cumplido con todos los requisitos, pero el demandante insiste: “La ley no exime a los partidos del cumplimiento de los plazos solo porque se cancelaron las primarias. El TSE tenía que actuar, pero no lo hizo”.
La audiencia por esta acción popular fue fijada para el viernes 23 de mayo, a las 14:00, en la Sala Cuarta del Tribunal Departamental Constitucional de Santa Cruz. Vidaurre confía en que el fallo será contundente: “La ley no está sujeta a interpretaciones personales. Si el TSE ha fallado en su deber de fiscalización, esta acción debe corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde”.
El jurista advierte que si el árbitro electoral falla en aspectos tan fundamentales, no hay garantías para la transparencia del proceso: “¿Qué podemos esperar cuando llegue la hora de contar los votos?”, se preguntó con preocupación.
