El Legislativo boliviano inició su receso de fin de año sin haber conformado la comisión de Asamblea ni debatido temas urgentes como el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Este descanso fue decretado por la Vicepresidencia mediante un comunicado oficial, una decisión que generó críticas tanto en la oposición como en sectores del Movimiento al Socialismo (MAS).
El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, fue quien confirmó el inicio del receso al concluir la tercera sesión ordinaria de este martes. Durante la sesión, señaló que no se logró conformar la comisión de Asamblea debido a la falta de listas completas por parte de las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, así como de los senadores del MAS.
“No existe la lista completa para conformar la comisión de Asamblea (…) aplicando nuestra Constitución Política del Estado, la fecha de inicio del receso legislativo se comunicará de manera oportuna. Sin más asuntos a tratar, se da por concluida la presente sesión”, indicó Choquehuanca antes de levantar la reunión.
Minutos después, la Vicepresidencia emitió un comunicado informando que el receso legislativo comenzará este 18 de diciembre y se extenderá hasta el 1 de enero de 2025. En el mismo documento, se especifica que, ante la ausencia de una comisión de Asamblea, cualquier asunto de urgencia será atendido conforme a las previsiones constitucionales.
Entre los asuntos que quedaron sin tratar destaca el PGE 2025, cuyo debate y aprobación son fundamentales para garantizar la operatividad financiera del Estado el próximo año. Además, el proyecto de Ley de Escaños Parlamentarios también quedó pendiente.
Desde la oposición y algunos legisladores del MAS que no respaldan al oficialismo, se pidió suspender el receso para tratar estos temas urgentes, pero el pedido fue rechazado. “Hace un año ocurrió lo mismo. El 22 de diciembre de 2023, Choquehuanca impuso un receso que fue resistido tanto por los opositores como por la bancada evista del MAS”, recordaron legisladores críticos.
El receso legislativo decretado mediante comunicado se ha vuelto una práctica repetitiva en la actual administración, generando cuestionamientos sobre la falta de consenso y organización en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este hecho pone en duda la capacidad de los legisladores para cumplir con sus responsabilidades antes del cierre del año.
Mientras tanto, el país enfrenta incertidumbre respecto a la aprobación del PGE 2025, ya que, de no ser tratado antes de fin de año, este podría entrar en vigor automáticamente, como sucedió en 2024. Esto podría afectar la planificación de políticas públicas y proyectos esenciales para el próximo periodo fiscal.
La falta de acuerdos entre las distintas bancadas y la negativa del oficialismo a modificar el cronograma legislativo reflejan un panorama de tensión política que podría intensificarse en 2025.
Leave feedback about this