La Procuraduría General del Estado confirmó que 24 personas han sido imputadas en relación con el fallido golpe de Estado del 26 de junio y podrían enfrentar penas de hasta 25 años de cárcel. Entre los detenidos está Fernando Hamdan, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), acusado de alzamiento armado y terrorismo.
El abogado de Hamdan, Jorge Valda, denunció que su cliente ha sido injustamente implicado en el caso, subrayando que no existen pruebas concretas en su contra. Hamdan fue trasladado a La Paz, donde permanece en celdas judiciales.
Diversos líderes y organizaciones han expresado su preocupación por lo que consideran una persecución política. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, y Róger Castellón del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), han condenado las detenciones, exigiendo respeto a las garantías constitucionales.
El procurador general del Estado, César Siles, defendió las imputaciones, indicando que se han presentado suficientes pruebas de responsabilidad penal en contra de los acusados, y enfatizó que la investigación avanza rápidamente.
La Global Human Rights League y la Cidhpda también han pedido la liberación de Hamdan, destacando su trayectoria como defensor de los derechos humanos.
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