El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó el día de hoy que el Ministerio Público concluyó la investigación en el denominado “Caso Sacaba”, en ese marco, la Comisión de Fiscales asignados al mismo presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal en contra de 18 personas, por el delito de Genocidio, esto con relación a los hechos suscitados en fecha 15 de noviembre de 2019 en inmediaciones del Puente Huayllani, en el Municipio de Sacaba y que dio como resultado la el fallecimiento violento de diez personas y múltiples heridos, todos, por proyectil de arma de fuego, en virtud a ello, anunció que se requerirá, luego del Juicio Oral respectivo, la pena máxima de 30 años de privación de libertad para los autores y partícipes del mismo.
“Durante el curso de las investigaciones, se procedió a recibir un total de 180 entrevistas informativas de efectivos militares así como 110 entrevistas de funcionarios policiales, del mismo modo se cuenta con la entrevista de 120 personas civiles que participaron en la marcha, constituyéndose lógicamente en testigos presenciales de los hechos, además de la recopilación de una cantidad considerable de pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, entre otros que suman 350 literales que serán producidas en el Juicio Oral, contándose también con 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos y 18 dictámenes periciales, entre otros elementos que sustentan la teoría del caso”, sostuvo Lanchipa.
La Acusación ha sido presentada en contra de la ciudadana, Jeanine A. Ch.; el exministro de Defensa, Luis F.L.J.; el exministro de Gobierno, Arturo M.P.; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Sergio C. O.C.; el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Pablo A.G.C.; el excomandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Ciro O.Á.G.; el excomandante General de la Armada Boliviana, Moisés O.M.H.; el excomandante General del Ejército de Bolivia, Iván P.I.R.; el exinspector de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Aldo B.M.; el excomandante del C.E.O. Central de Cochabamba, Alfredo C.M.; el excomandante de la Séptima División del Ejército, Fuad G.R.E.; el excomandante de la 2da. Brigada Aérea, Oscar A.C.H.; el excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Boris C.P.P.; el exsub Comandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Franz L.V.G.; el excomandante del Regimiento de Fuerzas de Comandos Aéreo-Transportados 18 Victoria, Danny O.C.R.; el exjefe de Equipo del Grupo Contra Actos e Interferencia Ilícita, Israel R.V.; el excomandante General de la Policía Boliviana, Rodolfo A.M.T. y el excomandante Departamental de la Policía Boliviana, Jaime E.Z.T.De acuerdo a los antecedentes, la segunda semana de noviembre de 2019, diferentes sectores sociales del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinación ejercer su derecho a la protesta pacífica, en reclamo al ultraje de uno de los símbolos patrios y de los pueblos originarios como es la “Wiphala”, que fue quemada por un grupo de efectivos policiales, además de las agresiones que se registraron en contra de mujeres de pollera, por parte de efectivos policiales y otros grupos irregulares.
En ese marco, el viernes 15 de noviembre de 2019, en horas de la tarde, un grupo de marchistas provenientes del Trópico de Cochabamba que se dirigía a la Plaza 14 de septiembre de esa ciudad, fue impedido en su paso y posteriormente reprimido violentamente por un contingente policial y militar que se encontraba desarrollando operaciones conjuntas, apostados en el Puente Huayllani, ubicado sobre la Av. Villazón, a la altura del kilómetro 10 del municipio de Sacaba.
En esas circunstancias, el Comandante Departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino; sin embargo, ordenó al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características.
El resultado de esta intervención fue el fallecimiento de diez ciudadanos bolivianos por impacto de proyectil de arma de fuego y múltiples personas heridas en las mismas condiciones.
Estos hechos habrían ocurrido luego de la planificación y ejecución operativa conjunta policial-militar, dispuesta por el nivel central de Gobierno a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, quienes habrían ordenado la participación en estos hechos de grupos militares especializados, munidos con armamento y munición de guerra.
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