En el marco de una investigación por corrupción, la Fiscalía emprendió un allanamiento a las oficinas de Derechos Reales el miércoles pasado, lo que resultó en la apertura de investigaciones contra cinco funcionarios y un particular. Este jueves, el fiscal Zeballos proporcionó detalles de la situación, asegurando que las investigaciones están centradas en varios actores dentro de la institución pública.
El fiscal explicó que, hasta el momento, se han emitido citaciones a aproximadamente seis personas, entre las cuales se incluyen un juez, varios registradores de Derechos Reales, un supervisor, un asesor, una registradora y dos funcionarias de la Dirección de Asuntos Civiles (DAC), además de algunas personas ajenas al ámbito institucional. Las autoridades continúan revisando las pruebas obtenidas durante el allanamiento y han comenzado a interrogar a los implicados, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la magnitud de los presuntos delitos.
Aunque aún no se ha dado a conocer una cifra oficial sobre el daño económico causado, se ha filtrado información que sugiere que el monto de las pérdidas podría superar los 2 millones de bolivianos. La investigación se centra en delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito y la legitimación de ganancias obtenidas de manera ilegal. Las irregularidades detectadas abarcan diversos aspectos de la gestión de Derechos Reales, en particular en lo que respecta a trámites de valoración de propiedades, la emisión de certificaciones y la gestión de pagos de créditos bancarios y anotaciones preventivas.
Fuentes cercanas al caso mencionan que las prácticas fraudulentas detectadas implicarían una serie de manipulaciones en registros de propiedad, con el fin de alterar su valor y facilitar la obtención de beneficios ilícitos. Estos actos habrían afectado a ciudadanos y entidades bancarias, quienes habrían sido perjudicados tanto económica como legalmente. La Fiscalía sigue recabando evidencia y tomando declaraciones para completar el expediente y presentar cargos formales contra los implicados.
El caso ha generado gran revuelo en la opinión pública, ya que se trata de un escándalo de corrupción en una de las instituciones más importantes en la gestión de la propiedad en el país. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estos actos ilegales.
