El ministro Eduardo del Castillo estará ausente de sus funciones desde el jueves 16 hasta el lunes 20 de enero por “motivos personales”, según establece el Decreto Presidencial 5315 publicado en la Gaceta Oficial.
Durante este periodo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, asumirá como autoridad interina en el Ministerio de Gobierno, cumpliendo con lo dispuesto por el presidente Luis Arce.
En medio de este interinato, la exministra Teresa Morales acusó a Novillo de haber ordenado el acuartelamiento de tropas militares en la región del Chapare, con el objetivo de presuntamente intimidar a Evo Morales y a los habitantes de la zona. Sin embargo, Novillo negó categóricamente dichas afirmaciones.
“Quiero desmentir de forma categórica que no existe ningún acuartelamiento. Estas mentiras sólo buscan victimizarse y generar temor, zozobra y malestar en los pobladores del trópico de Cochabamba”, expresó Novillo a través de sus redes sociales, intentando calmar los ánimos en una región históricamente vinculada a Morales.
Por otro lado, el expresidente Evo Morales enfrenta un nuevo revés judicial. Este viernes, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía dentro de un caso de trata y tráfico de personas, donde se lo investiga por supuestamente haber tenido un hijo con una adolescente durante su mandato como presidente del Estado.
La declaración de rebeldía viene acompañada de un nuevo mandamiento de aprehensión emitido por el juez, que se suma al ya existente del Ministerio Público.
Además, las autoridades han dictado medidas adicionales como el arraigo, el congelamiento de cuentas bancarias y la anotación preventiva de bienes de Morales, intensificando las acciones legales en su contra.
Esta serie de acontecimientos pone en evidencia la creciente tensión política en Bolivia. Por un lado, la ausencia de Eduardo del Castillo deja temporalmente un vacío en el Ministerio de Gobierno, mientras que la gestión interina de Novillo se ve empañada por controversias.
Al mismo tiempo, el avance judicial contra Evo Morales refleja la presión legal sobre el líder del MAS y sus posibles implicaciones políticas en un país dividido.
El panorama sigue evolucionando, y las próximas acciones del Gobierno y de la justicia determinarán el rumbo de los hechos.
Leave feedback about this