En un operativo que movilizó a más de 300 efectivos policiales, este martes se llevó a cabo el desalojo de unas 80 familias que ocupaban terrenos pertenecientes al Ministerio de Gobierno, situados en las inmediaciones del penal de Palmasola, en Santa Cruz.
La acción estuvo respaldada por una comisión de fiscales que ejecutaron una orden judicial para recuperar 17 hectáreas de terrenos estatales.
El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de evitar enfrentamientos durante el desalojo. Sin embargo, las familias afectadas expresaron su descontento, señalando que habían habitado la zona durante años y desconocían los planes oficiales para estos terrenos.
“Nos sentimos abandonados por el Estado. Nadie nos advirtió que estos terrenos serían recuperados, y ahora nos dejan en la calle después de años de trabajo construyendo nuestras casas”, afirmó uno de los desalojados.
El desalojo resalta un conflicto de larga data relacionado con la ocupación de tierras en Bolivia. Ya en 2020, el medio Periodismo Somos Todos había reportado que los terrenos en cuestión, destinados originalmente a la ampliación del penal de Palmasola, fueron loteados y ocupados de manera irregular.
Las imágenes mostraban viviendas precarias en el lugar, una situación que derivó en denuncias de avasallamiento por parte de vecinos y legisladores.
El diputado de Creemos, Oscar Michel, denunció en su momento que los terrenos fueron invadidos con la protección de autoridades vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS), señalando al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Pedimos explicaciones de por qué la Policía no actuó antes para desalojar a los avasalladores que vendieron tierras de forma ilegal, aprovechándose de personas humildes”, expresó Michel en 2020.
Imágenes aéreas de 2023 ya mostraban la zona densamente poblada, pese a las denuncias. Sin embargo, solo hasta esta gestión 2025 se ha procedido al desalojo, generando dudas entre los afectados y legisladores sobre la demora en la acción.
El caso pone en evidencia las tensiones persistentes en torno a la ocupación de tierras en Bolivia y plantea interrogantes sobre la gestión y respuesta de las autoridades ante denuncias de avasallamiento.
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