El Ministerio Público informó que el Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción que dirige la investigación del caso denominado “Respiradores Chinos”, en pasadas horas, presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas que estarían implicadas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 324 ventiladores pulmonares de origen chino, hecho registrado el año 2020 durante la crisis por la pandemia del Covid-19, que provocó una afectación económica al Estado de más de 10 millones de dólares americanos. Asimismo, anunció que durante el juicio se solicitará la pena máxima por los delitos investigados.
“Se ha presentado la acusación formal por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Delitos Contra la Salud Pública en contra de la exministra de Salud, María E.R.J., el exviceministro de Salud, Elías R.C.C., el exasesor Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge S.C., la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, Graciela M.R., el exjefe de Unidad de Redes y Servicios de Salud, Juan C.A.T., el exjefe de Unidad Financiera, Marco A.P.I., la exconsultora del Ministerio de Salud, Vania V. G., y el representante legal de la Empresa Grupo AGEM, Eduardo D.P.”, informó el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos.
Asimismo, aseguró que ahora se espera que la autoridad jurisdiccional señale fecha para el inicio del juicio donde se pedirá la sentencia con la pena máxima de 10 años de prisión para todos los implicados.
En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria, entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras.
Barrientos explicó que, a pesar de tener conocimiento de este antecedente, se suscribió una segunda enmienda al contrato de adquisición, el cual no aceleraba el periodo de entrega, ni reducía el valor del contrato o mejoraba la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los equipos, ni ningún otro beneficio para el Estado, al contrario, se continuó con la adquisición de los respiradores que no cumplían los requerimientos técnicos.
“De acuerdo a las pruebas presentadas en la acusación, los respiradores adquiridos en el primer semestre del año 2020, no solo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además presentaban un presunto sobreprecio, ya que fueron adquiridos por un precio unitario de $us. 30.000 cuando su costo en el mercado no sobrepasaba de los $us. 8.900”, dijo Barrientos.
Explicó, que cuando los respiradores fueron distribuidos a los hospitales del país, los médicos denunciaron que los equipos no funcionaban y, aquellos que sí, provocaban daños a los pacientes al cambiar el nivel de oxígeno, generando traumas de orden torácico.
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