El precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga deberá comparecer hoy, viernes 31 de enero de 2025, en una audiencia judicial por un proceso que data de hace 16 años. Quiroga denuncia que la reactivación del caso busca inhabilitarlo de la contienda electoral y que se trata de una maniobra del oficialismo para sacarlo del camino en plena campaña.
«Me persiguen para callarme»
A través de sus redes sociales, Quiroga denunció que el gobierno desempolvó el caso Catler, vinculado a corrupción en YPFB, como una estrategia de persecución política. “Evo y Arce hundieron la economía de Bolivia, ahora, desesperados, buscan inhabilitarme desempolvando el viejo caso Catler de robo y asesinato que denuncié. Me citan hoy para enjuiciarme 31-Ene, sabiendo que estoy de viaje”, escribió.
El caso se remonta a 2009, cuando el empresario Jorge O’Connor, presidente de Catler Uniservice, fue asesinado en La Paz mientras portaba 450.000 dólares en efectivo. Según las investigaciones, ese dinero presuntamente era un soborno para el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, a cambio de la adjudicación de un contrato para construir una planta de gas en Santa Cruz.
El exmandatario enfrenta este proceso desde 2006, cuando acusó al Banco Unión de ser una “lavandería de corrupción”, lo que derivó en una denuncia por difamación en su contra. En 2010, fue sentenciado a dos años de prisión en primera instancia, pero tras varias apelaciones, el fallo fue revertido. A pesar de ello, el caso nunca fue cerrado y ahora ha sido reactivado en pleno año electoral.
La audiencia de hoy, viernes 31 de enero de 2025, es crucial, ya que de su resultado dependerá si Quiroga continúa en la carrera presidencial. Desde la oposición, consideran que esta citación es un intento de proscripción política, justo cuando el exmandatario se posiciona como una de las principales figuras del bloque opositor, junto a Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina.
El desarrollo de esta jornada marcará un punto de inflexión en la contienda electoral y pondrá a prueba la independencia del sistema judicial en Bolivia.
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