El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia sentenció al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a seis años y tres meses de prisión en el caso Petrocontratos. Los exministros Jorge Beridoague, Carlos Contreras y Carlos López también fueron condenados a cinco años de cárcel. Las penas deberán cumplirse en el penal de San Pedro en La Paz, según determinó el fallo del tribunal, que incluye la inhabilitación de los acusados para ejercer cargos públicos durante cinco años.
La Fiscalía General del Estado acusó a Sánchez de Lozada y a sus exministros de firmar 106 contratos petroleros con empresas extranjeras sin la aprobación del Congreso, como exigía la Constitución vigente en ese momento. Estos acuerdos, establecidos entre 1993 y 2003, favorecieron los intereses de las compañías transnacionales en perjuicio del Estado boliviano.
El magistrado Olvis Egüez, presidente del tribunal, señaló que además de las condenas, se impondrán sanciones económicas a los acusados por daños y perjuicios al país. Según la acusación, los contratos omitieron requisitos legales esenciales, generando una vulneración de las normas constitucionales y causando graves daños económicos al patrimonio nacional.
Actualmente, Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos, donde permanece desde su renuncia a la Presidencia en 2003, en medio de violentas protestas sociales que dejaron más de 60 muertos durante su mandato. Esta sentencia representa un hito en un caso que se inició en 2005 y que involucró años de investigación y debates legales.
El caso también incluyó a Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, quien fue excluido del juicio tras una amnistía concedida por Evo Morales en 2018. La Fiscalía afirmó que las sentencias son un paso importante para responsabilizar a las autoridades que incumplieron sus deberes y favorecieron intereses extranjeros en detrimento de los recursos del país.
Los magistrados disidentes con el fallo de condena fueron María Cristina Díaz, José Antonio Revilla y Edwin Aguayo, mientras que seis magistrados votaron a favor del fallo condenatorio. Se espera que este caso siente precedentes legales en la lucha contra la corrupción y la mala gestión de recursos públicos en Bolivia.
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