Un caso desgarrador de abuso y explotación sexual salió a la luz en Santa Cruz, donde una adolescente de 15 años fue víctima de su propia madre y padrastro. Ambos fueron detenidos en un operativo realizado en la zona del Plan Tres Mil, pero la madre solo permanece en calidad de arrestada, mientras que el padrastro cuenta con una orden formal de aprehensión.
Según la denuncia presentada por el padre de la víctima, la adolescente era ofrecida mediante redes sociales por su madre, quien cobraba 30 bolivianos a cambio de los abusos. Además, la joven confesó que su padrastro, un hombre de 51 años, la violó repetidamente durante dos años, mientras la madre la obligaba a guardar silencio.
La situación se agravó con el embarazo de la adolescente, producto de las violaciones, el cual fue interrumpido con la complicidad de la madre. Este detalle, revelado durante las investigaciones, pone de manifiesto la gravedad de los actos cometidos en contra de la menor.
La abogada Vanessa Rivero, representante del padre, expresó su preocupación por la falta de una orden de aprehensión contra la madre. “La Fiscalía debe actuar con rapidez.
El informe psicológico deja claro que la madre facilitaba estos actos. Estamos ante un caso que requiere la máxima pena,” señaló.
El Ministerio Público ha ampliado la investigación, incluyendo los delitos de trata y tráfico de personas, proxenetismo y violación. Ambos acusados serán presentados ante un juez cautelar, donde se solicitará su detención preventiva.
Además de la adolescente, otro menor de 9 años, hermano de la víctima, se encuentra bajo evaluación psicológica para determinar su estado emocional.
La Defensoría de la Niñez trabaja para garantizar su bienestar, mientras el padre busca obtener la custodia de ambos niños. “Estamos solicitando que la custodia sea otorgada al progenitor, quien ha mostrado ser el único dispuesto a protegerlos.
Los niños merecen una oportunidad de empezar de nuevo, lejos del entorno de violencia y abuso que sufrieron,” añadió Rivero.
El caso ha generado indignación en la comunidad, que exige justicia para los menores y un castigo ejemplar para los responsables. También pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas para prevenir y atender delitos de violencia contra menores.
Este es un recordatorio de que la protección de la niñez debe ser una prioridad colectiva, y que la indiferencia ante estos casos perpetúa el ciclo de abuso y sufrimiento.
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