La medida cautelar fue impuesta para las 13 personas investigadas por los delitos de violencia política y lesiones graves. Se trata de 11 mujeres y 2 hombres que fueron enviados al penal de Palmasola por seis meses. Otro implicado se encuentra en un centro médico.
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó hoy que, en audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público demostró con elementos suficientes que 13 personas son los presuntos autores de los delitos de Violencia Política Contra Mujeres, Lesiones Graves y Leves, cometidas en contra de la Asambleísta Departamental, Muriel Cruz, quien fue agredida físicamente por supuestos activistas, el 9 de junio de 2023, en inmediaciones del edificio central de la Gobernación en esa capital.
“Una vez se conoció el hecho, se inició la investigación de oficio y se colectaron diferentes elementos que comprueban la presunta autoría de las personas investigadas en este caso como la declaración de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, medios de comunicación y redes sociales, además del examen médico forense de la víctima que certifica 15 días de impedimento médico legal, producto de los golpes que recibió en el rostro y en diferentes partes de su cuerpo, elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional”, explicó Mariaca.
La comisión de Fiscales explicó que el hecho se registró mañana del 09 de junio de 2023, a horas 11:00, aproximadamente, en inmediaciones de la Gobernación cruceña, donde la autoridad llegó para participar de un acto de posesión de asambleístas indígenas, pero antes de ingresar fue increpada por un grupo de probables activistas que la insultaron y golpearon causándole lesiones de gravedad en el rostro y cuerpo.
Durante la intervención policial en el lugar de los hechos se logró aprehender a 16 personas que fueron identificadas por los testigos como agresores y personas que alentaron los hechos violentos contra la Asambleísta.
El 11 de junio, se otorgó libertad para dos personas involucradas, quienes demostraron que no fueron parte de las agresiones, mientras que los otros 14 fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional que determinó su detención preventiva, una implicada, por temas de salud, fue derivada a un hospital.
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