El Ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, aseguró este viernes 27 de diciembre que “todo el pueblo boliviano tiene conocimiento de la orden de aprehensión” emitida contra el expresidente Evo Morales en el marco de un caso de trata y tráfico de personas en Tarija. Sin embargo, no precisó si la Policía Nacional ya ha recibido el documento oficial para ejecutar el mandato judicial.
La orden, según el ministro, fue emitida por el Ministerio Público y será cumplida conforme a la normativa vigente.
“Las fuerzas del orden trabajarán en el marco del respeto a la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de toda la población”, destacó Del Castillo, aunque evitó profundizar sobre el cronograma o los procedimientos que podrían implementarse para llevar adelante la aprehensión.
La falta de claridad sobre el estado del documento en manos de la Policía ha generado incertidumbre y reacciones divididas en el ámbito político y social. Mientras sectores opositores exigen una pronta ejecución de la orden, simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) cuestionan el contexto y la intencionalidad política detrás del caso.
Evo Morales, por su parte, ha negado rotundamente las acusaciones y ha señalado que estas forman parte de una campaña de persecución política en su contra.
El exmandatario, quien se encuentra fuera del país desde noviembre, afirmó que el caso busca debilitar al MAS y desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta Bolivia.
Analistas coinciden en que este episodio podría tensar aún más el panorama político nacional, especialmente de cara a las elecciones generales de 2025. Mientras tanto, la población boliviana sigue expectante a las acciones que adopten las autoridades en este caso que involucra a uno de los líderes más influyentes del país.
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