La Fiscalía ha acusado formalmente al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga Macías, al excomandante de la Armada Boliviana, Juan Arnez Salvador, y al excomandante de la Fuerza Aérea, Marcelo Javier Zegarra, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Los acusados enfrentan la posibilidad de una pena de 20 años de prisión. Además, la Fiscalía ha solicitado su detención preventiva por seis meses en la cárcel de Chonchocoro, La Paz.
La acusación se basa en evidencias que demuestran la participación de los imputados en estos delitos. Según el Código Penal, el delito de terrorismo implica realizar actos que atenten contra la seguridad pública y busquen subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno. Este delito conlleva una pena de 15 a 20 años de prisión. El delito de alzamiento armado, que busca cambiar la Constitución o deponer poderes públicos, se castiga con 5 a 15 años de prisión.
La Fiscalía también argumenta que existe riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia por parte de los acusados. Se mencionan viajes recientes de Zúñiga a Chile, Perú y Estados Unidos; de Arnez Salvador a Colombia, Brasil, Perú y Argentina; y de Irahola Caero a Venezuela, Perú, Brasil y Argentina. Estos movimientos sugieren que los imputados tienen facilidades para abandonar el país, lo que refuerza el riesgo de fuga. Además, la posibilidad de ingresar a países vecinos solo con la cédula de identidad boliviana añade a este riesgo.
En resumen, la Fiscalía ha presentado una acusación sólida contra los excomandantes militares y busca asegurar su detención preventiva para evitar que eludan la justicia.
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