El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, adelantó este sábado que existe evidencia de responsabilidad penal por “encubrimiento” tanto en la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) como en la Compañía de Jesús por los abusos sexuales que cometió el sacerdote español Alfonso Pedrajas, conocido como ‘Pica’, contra unos 85 niños.
Los vejámenes perpetrados contra menores de edad están considerados como graves violaciones a los derechos humanos y hay jurisprudencia internacional para el tratamiento de estos delitos. Chávez consideró que, por ahora, este caso ha sido tomado por la Justicia boliviana porque no se agotó. Esto sin perjuicio de las acciones que asuman las víctimas.
Este caso fue hecho público a través de un reportaje del diario español El País. Pedrajas trabajó en los colegios Juan XXIII, de Cochabamba, y San Calixto, de La Paz, durante su servicio pastoral desde 1971 hasta 2009.
Un diario suyo, encontrado por su sobrino, y cuyo contenido fue difundido el 29 de abril por El País, señala 85 abusos cometidos por el jesuita. Las asociaciones de exalumnos del colegio Juan XXII corroboraron esa información. El establecimiento tenía modalidad de internado y acogía a estudiantes de escasos recursos.
Sin embargó, Chávez aclaró que este caso debe ser llevado adelante con información que se está acopiando en estos momentos “con relación al delito de encubrimiento” contra las autoridades religiosas que hayan conocido estos delitos sin haber formulado denuncias. Esto porque ‘Pica’, el responsable directo de los delitos, falleció en 2009 por efecto de un cáncer.
“Esto no ha prescrito, según la información que hemos consultado y sobre todo porque tiene que ver con la defensa de niños, niñas y adolescentes. Esto está enmarcado en una línea que sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que nos vincula directamente”, explicó a los periodistas.
La Fiscalía declaró este caso en reserva y por eso no se conocen los detalles de estas primeras diligencias. Chávez explicó que esta fase de reserva vence en 20 días.
Adelantó que solicitará el allanamiento de los sitios donde se produjeron los abusos.
“La procuraduría debe acopiar más información para formular la querella y eso es lo que vamos a hacer. Es un acto formal para que se vaya a un juicio penal. Estamos en una etapa preliminar. Para esto hemos pedido allanamientos, ver las actividades que están haciendo.
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