Washington, D.C. – En un controvertido y polarizador decreto emitido desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto fin a la financiación gubernamental para las cirugías de transición de género en menores de edad. La medida, que afecta a los recursos federales, ha generado un fuerte debate sobre los derechos de los menores transgénero y la intervención del gobierno en los procedimientos médicos.
El decreto, firmado por Trump, subraya que “no se financiará, apoyará, alentará ni ayudará a la supuesta ‘transición’ de un menor de un sexo al otro”, argumentando que los niños son “influenciables” y que este tipo de intervenciones médicas son perjudiciales. El texto del decreto también hace un llamado a poner fin a lo que considera una “tendencia peligrosa” en el tratamiento de menores, que se ha ido incrementando en los últimos años.
El presidente sostiene que estas cirugías, que incluyen la esterilización y la mutilación de los menores, están afectando a un número creciente de jóvenes en el país, algo que, según su visión, dejará una “mancha en la historia” de la nación. Esta medida se alinea con políticas que ya han sido adoptadas por varios estados de EE.UU., los cuales han prohibido procedimientos médicos para personas menores de edad que buscan cambiar de género.
La nueva normativa de la administración Trump, aunque solo aplica a los ministerios y agencias federales, pone en el centro de la polémica el dilema entre el derecho a la autodeterminación de los jóvenes y las preocupaciones sobre su bienestar físico y emocional. Según los informes, se aplicará estrictamente cualquier ley que prohíba o restrinja estos procedimientos, que son considerados destructivos por la administración.
Los datos del Instituto Williams de UCLA indican que de los 1,6 millones de personas que se identifican como transgénero en EE.UU., más de 300.000 son menores de entre 13 y 17 años, con un tercio de ellos viviendo en estados que ya han tomado medidas para restringir el acceso a tratamientos médicos para la transición de género.
El decreto ha intensificado el debate sobre el acceso a la atención médica para personas transgénero, mientras los defensores de los derechos trans alertan sobre los riesgos de poner en peligro la salud y bienestar de los menores que desean iniciar una transición.
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