El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no dejó pasar la destitución del ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito. Camacho, quien se ha mostrado como un firme crítico del gobierno de Luis Arce, utilizó sus redes sociales para cuestionar de manera contundente la corrupción dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y su impacto en la economía del país.
En su declaración, Camacho exigió explicaciones claras sobre la relación entre la crisis económica que atraviesa Bolivia y la corrupción que permea las altas esferas del gobierno. “¿Hasta qué punto la actual crisis económica en Bolivia está relacionada con la corrupción que se vive en el MAS?”, se preguntó el gobernador, dejando claro su malestar ante la falta de respuestas y acciones concretas del gobierno para abordar la corrupción dentro de sus filas.
Camacho también planteó la interrogante de si el presidente Arce estaba al tanto de las actividades ilícitas del exministro Lisperguer o si estos hechos fueron ignorados por el gobierno. “Los bolivianos estamos cansados de la incapacidad y la corrupción del MAS. Estamos hartos de ver cómo en Bolivia se encarcela a los opositores políticos y se deja libre a los corruptos”, expresó, haciendo un llamado a la ciudadanía a cuestionar y exigir rendición de cuentas por parte de los funcionarios del gobierno.
El caso de Lisperguer ha añadido combustible a las críticas hacia la administración de Arce, ya que el exministro es el segundo titular del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en ser vinculado a casos de corrupción en su gestión. La investigación por parte del Ministerio Público reveló un incremento no declarado de más de Bs 1 millón en el patrimonio de Lisperguer, así como la existencia de varias propiedades que no fueron registradas adecuadamente. Este hecho se suma a una serie de denuncias previas sobre irregularidades dentro de este ministerio.
El escándalo también ha puesto de manifiesto las tensiones internas dentro del gobierno, al evidenciar una falta de control sobre sus propios funcionarios y un sistema que, según críticos, no actúa con la misma diligencia en el caso de los funcionarios oficialistas que en el caso de los opositores. La situación genera preocupación en la ciudadanía, que ve cómo las instituciones del país se ven debilitadas por estos hechos de corrupción que siguen sin recibir una respuesta efectiva.
En medio de este contexto, las críticas a la gestión de Arce continúan creciendo, especialmente por la falta de acciones claras para enfrentar la corrupción de manera efectiva. Camacho, como líder de la oposición y uno de los principales cuestionadores del gobierno de Arce, ha prometido seguir luchando por la transparencia y por un futuro en el que los responsables de actos corruptos sean llevados ante la justicia, independientemente de su afiliación política.
El caso Lisperguer se mantiene bajo investigación, y la ciudadanía sigue esperando respuestas claras y sanciones contundentes para aquellos que han vulnerado la confianza pública y los recursos del Estado.
