NACIONAL
FISCALÍA SE DECLARA INCOMPETENTE Y DEJA A “AUTOPRORROGADOS” DEL TCP EN MANOS DEL LEGISLATIVO
La Fiscalía General del Estado anunció este miércoles que no puede procesar a los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de la denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por presunta usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. El caso será ahora remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Se ha determinado la incompetencia de la vía ordinaria para procesar a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional”, afirmó el fiscal general Róger Mariaca en conferencia de prensa desde Sucre, dejando claro que la Fiscalía no tiene facultades para intervenir directamente.
La denuncia involucra a los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, quienes, según Saucedo, continuaron en sus cargos más allá del 31 de diciembre de 2023, fecha en la que legalmente debía concluir su mandato.
El presidente del TSJ asegura que, al emitir el Auto Constitucional 049/2023 y mantener sus funciones, los magistrados cometieron delitos que afectan el orden constitucional y los intereses del Estado, generando un conflicto jurídico-político de alto impacto.
La comisión de fiscales en Chuquisaca, encabezada por el fiscal analista, revisó antecedentes de casos similares, incluyendo decisiones de instancias judiciales y legislativas, y concluyó que la vía ordinaria no es competente para tratar este tipo de denuncias. Por ello, la documentación fue derivada a la Cámara de Diputados, que deberá decidir el curso del proceso.
“El fiscal general del Estado no tiene atribuciones para destituir ni para procesar de manera directa a las autoridades electas en su momento”, reiteró Mariaca, explicando la postura oficial.
Con esta determinación, la denuncia queda en el ámbito legislativo, abriendo un debate sobre la legalidad de los mandatos prorrogados y sobre la responsabilidad de los magistrados involucrados, mientras la Fiscalía queda fuera del procedimiento.
