Fotoperiodista es enviado a la cárcel de Patacamaya por seis meses un juez determinó este domingo que el fotoperiodista Álvaro Valero deberá cumplir seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya. La medida responde al proceso que enfrenta por violación contra la periodista Nadia A. O., quien el viernes se quitó la vida tras sufrir una profunda depresión vinculada a este caso.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto, mientras familiares y allegados daban el último adiós a Nadia en un velorio marcado por la conmoción. Abril Zapata, abogada de la familia, explicó que Valero fue encarcelado por el proceso de violación en su contra y también está siendo investigado por homicidio-suicidio, ya que la demora en la justicia habría influido en la trágica decisión de la víctima.
Una denuncia ignorada por el sistema
Nadia A. O. denunció la agresión sexu@l en septiembre de 2024, pero sus allegados aseguran que las autoridades no actuaron con la debida diligencia. En una carta póstuma, la periodista responsabilizó a la suboficial Delia Parra, quien presuntamente le habría dicho que “el caso no procedía porque era su culpa”, y al fiscal Luis Alberto Bayón, a quien señaló por no impulsar la investigación.
Ante esto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz exigieron sanciones contra ambos funcionarios:
Delia Parra: Por revictimizar a Nadia y desestimar su denuncia.Luis Alberto Bayón: Por negligencia en la investigación y omisión de pruebas, en incumplimiento de la Ley 260, que protege los derechos de las víctimas.
Un pedido de justicia que crece
El caso ha generado indignación en distintos sectores, que reclaman sanciones ejemplares para quienes permitieron la impunidad. Los gremios periodísticos denunciaron que la falta de respuesta estatal fue determinante en esta tragedia: “Nadia fue abandonada por las instituciones que debían protegerla”, señalaron.
Mientras Álvaro Valero enfrenta la justicia desde prisión, este caso pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial en la atención de la violencia de género, resaltando la necesidad urgente de cambios para evitar que más víctimas queden desprotegidas.
