Una denuncia anónima, presentada el 9 de abril de 2025, involucra a los asambleístas del partido Creemos: Zvonko Matkovic Ribera, Jessica Paola Aguirre Melgar y Martha Cecilia Gutiérrez, entre otros, por supuestas irregularidades en la designación de funcionarios en la Gobernación de Santa Cruz. Según el documento, estos legisladores habrían exigido “aportes obligatorios” al partido a cambio de facilitar nombramientos en cargos públicos.
Uno de los casos mencionados en la denuncia es el de Karina Landívar Caballero, quien fue nombrada en agosto de 2021 como Coordinadora de Despacho de la Oficialía Mayor, luego de ocupar inicialmente un puesto técnico en Recursos Humanos. El informe señala que Landívar habría sido beneficiada con dispensa del control de asistencia desde julio de ese año, a pesar de no cumplir con todos los requisitos para el cargo, según documentación firmada por ella misma.
Otro punto observado es la adjudicación de un contrato por Bs 49.990 en septiembre de 2021 a la empresa Toldos Mary SRL, propiedad de un primo de Zvonko Matkovic, Davor Matkovic Urgel. El monto —justo por debajo del límite de Bs 50.000— habría evitado la necesidad de realizar una licitación pública. El desembolso fue respaldado por formularios del SICOES y un acta de conformidad.
Asimismo, el expediente incluye capturas de conversaciones de WhatsApp donde supuestamente se detallan aportes económicos exigidos a funcionarios para apoyar la campaña electoral de Andrés Romero Rodríguez, candidato para la gestión 2025–2030. En las listas figuran firmas de las asambleístas Aguirre y Gutiérrez, junto con montos estipulados según los sueldos de los trabajadores.
El documento también menciona que, durante el arresto del gobernador Luis Fernando Camacho en diciembre de 2022, se habrían trasladado recursos económicos tanto de la Gobernación como de la Asamblea Legislativa Departamental hacia una vivienda conocida como “Casa Blanca”, ubicada frente al estadio Tahuichi Aguilera, sin registro sobre su uso.
En total, la denuncia fue acompañada por 22 anexos con documentos de respaldo, entre ellos: memorandums de designación, contratos, declaraciones juradas, y listas de funcionarios con aportes asignados.
El 22 de abril de 2025, el director jurídico de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD-SCZ), Wilson Justiniano Ruiz, emitió el Informe Legal DAJ ALD N°23/2025, que detalla posibles delitos como nombramientos indebidos, concusión, tráfico de influencias y falsedad ideológica. En el informe se recomienda remitir el caso a la Dirección de Transparencia, auditar los contratos observados y solicitar los expedientes del personal mencionado a Recursos Humanos.
Posteriormente, el 30 de abril de 2025, la directiva de la ALD-SCZ envió comunicaciones internas a todas las bancadas legislativas —MAS-IPSP, Pueblos Indígenas, ASIP y CREEMOS— para informar oficialmente sobre el contenido del informe legal y sus recomendaciones.
FUENTE DTV
