COCHABAMBA
Una fuerte disputa entre las concejales de Punata, Alejandra Almanza Pérez (PDC, actualmente procesada por transfugio) y Juana Escobar Vásquez (MAS), terminó en una agresión física dentro de las instalaciones del Concejo Municipal, generando un escándalo político en ese municipio del Valle Alto.
El hecho ocurrió el pasado 9 de mayo, durante una sesión en la que se debatía la renovación de la directiva del Concejo Municipal. Testigos relataron que la discusión verbal escaló rápidamente: ambas autoridades se insultaron, se jalaron el cabello y se golpearon mutuamente, ante la mirada atónita de funcionarios que no lograron separarlas de inmediato.
Antecedentes de una tensión prolongada
Las fricciones entre ambas concejales no son nuevas. En julio de 2024 se filtraron audios en los que se escucha presuntamente a los concejales José Mercado y Alejandra Almanza negociando una supuesta coima con el alcalde Jaime Zeballos. En uno de los fragmentos se menciona un pago de Bs 50 mil, a lo que el burgomaestre responde: “No, les doy 40 mil. Y hacemos cambalache”, en referencia a la compra de maquinaria pesada.
El exdirigente vecinal Rory Terrazas, excandidato a la Alcaldía por el PDC, recordó que Almanza ingresó al Concejo por su sigla, pero luego se alineó con el MAS. “Presenté una demanda por transfugio ante el TSE, pero hasta ahora no hay una respuesta. Tampoco se ha esclarecido el caso del audio de corrupción”, sostuvo Terrazas, quien aseguró que la concejala está desvinculada de su persona y de su partido.
Cruce de acusaciones en redes sociales
El conflicto político también se ha trasladado a las redes. La concejal Alejandra Almanza publicó recientemente un video donde se ve a Juana Escobar reaccionando con manotazos para impedir que otro concejal la filme, supuestamente cuando se restringía el ingreso de personal al Concejo. Almanza calificó el comportamiento de su colega como “salvaje” y “una muestra de ignorancia”. No obstante, en este último altercado, ambas incurrieron en conductas similares.
La pelea ha sido condenada por distintos sectores, quienes lamentan el deterioro institucional y exigen una investigación tanto sobre el hecho de violencia como sobre los presuntos actos de corrupción que aún no han sido esclarecidos.
