El juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, denunció haber sido presionado por altas autoridades del Ejecutivo y del Órgano Judicial para emitir un fallo que suspendiera a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira. La declaración forma parte de la investigación del denominado caso “Consorcio jurídico” y ha agudizado la crisis institucional que sacude al sistema judicial boliviano.
En su testimonio ampliado ante la Fiscalía, el juez involucró directamente al exministro de Justicia, César Siles; a la vocal renunciante Claudia Castro; y al magistrado suplente Iván Campero. Según relató, fue convocado a reuniones en las que le aseguraron que la decisión de destituir a Coaquira ya estaba tomada y que su único rol era formalizarla mediante una sentencia.
Lea Plaza aseguró que Campero —quien debía asumir en lugar de Coaquira— lo presionó al afirmar que si se negaba, se pondría en conocimiento su desobediencia y podría perder su cargo. Además, reveló una llamada del exministro Siles, en la que supuestamente se le ofrecía respaldo institucional: “Usted siéntase protegido, esto ya está coordinado a niveles mucho más altos”, dice el audio atribuido a Siles.
Castro, por su parte, habría iniciado los contactos semanas antes, advirtiendo sobre supuestas irregularidades en la postulación de Coaquira e insistiendo en que el trámite se haga en Coroico.
El caso generó una ola de consecuencias: renunciaron el exministro Siles y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova; mientras que la vocal Castro fue aprehendida y enfrenta una orden de detención preventiva.
El juez Lea Plaza, actualmente recluido en el penal de San Pedro por seis meses, solicitó ser considerado testigo protegido. Su abogada, Zuleika Lanza, afirma que posee pruebas clave para demostrar la existencia de un consorcio entre operadores judiciales.
Las investigaciones se amplían y el Ministerio Público apunta a delitos como tráfico de influencias, consorcio, y uso indebido de influencias, en medio de crecientes denuncias de injerencia política en el sistema judicial.
