NACIONAL
TSJ ORDENA REVISIÓN URGENTE DE DETENCIONES PREVENTIVAS VENCIDAS Y RESTRINGE SU USO EN TODO EL PAÍS
El Tribunal Supremo de Justicia emitió la Circular N° 01/2026 con una instrucción de alcance nacional que marca un giro en la aplicación de la detención preventiva en el sistema judicial boliviano. La disposición ordena a jueces y tribunales penales revisar de forma inmediata todos los casos en los que esta medida haya superado sus plazos legales o carezca de justificación vigente.
El máximo tribunal advierte que la detención preventiva ha sido utilizada de manera excesiva, convirtiéndose en una práctica recurrente que contribuye al hacinamiento carcelario y vulnera el principio de excepcionalidad que debe regir la privación de libertad.
En ese sentido, la circular enfatiza que la libertad es la regla y la detención preventiva debe aplicarse únicamente como último recurso, bajo estrictos criterios de necesidad, legalidad, proporcionalidad, racionalidad y fundamentación individualizada. Los jueces, además, deberán evitar resoluciones basadas en argumentos genéricos sobre riesgo de fuga u obstaculización del proceso.
La instrucción también establece la obligación de ejercer control de oficio sobre todas las causas en curso, identificando aquellos casos en los que la detención preventiva haya perdido sustento jurídico. En dichas situaciones, se dispone la cesación inmediata de la medida y la aplicación de alternativas menos restrictivas.
Como parte del nuevo enfoque, el TSJ impulsa el uso de medidas cautelares alternativas y del sistema tecnológico ROMA–ARGO, una herramienta de monitoreo telemático, biométrico y geolocalizado que permite supervisar a imputados sin necesidad de encarcelamiento preventivo.
La decisión se enmarca en la búsqueda de reducir la sobrepoblación penitenciaria y garantizar el debido proceso, evitando que la detención preventiva se prolongue de manera indefinida.
Este pronunciamiento retoma lineamientos ya emitidos en 2025, cuando el TSJ había exhortado a revisar casos similares en todo el país, reafirmando ahora una política más estricta para su cumplimiento obligatorio.
