POLÍTICA
ARCE NIEGA PRESIONES EN LA APROBACIÓN DE CONTRATOS DE LITIO Y REMITE RESPONSABILIDAD A LA ASAMBLEA
LA PAZ
El presidente del Estado, Luis Arce, rechazó este jueves las versiones que señalan supuestas presiones del Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de contratos vinculados a la explotación del litio firmados en 2024 con empresas extranjeras.
“Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos”, declaró el mandatario en un pronunciamiento difundido mediante sus redes sociales.
Los contratos mencionados, según explicó Arce, fueron remitidos al Legislativo en 2024, en cumplimiento de lo que establece la normativa vigente. El tratamiento legislativo de los mismos fue reprogramado para febrero de 2025 con el propósito —dijo— de ampliar su socialización en diferentes regiones y sectores.
El tema ha generado polémica luego de que distintas voces cuestionaran la transparencia del proceso y la posible intromisión del Ejecutivo en un asunto que corresponde a otro órgano del Estado. Hasta la fecha, la Asamblea no ha retomado oficialmente el análisis ni ha anunciado un nuevo cronograma de debate.
En su declaración, el presidente también hizo referencia al proceso de industrialización del litio, señalando que durante los años 2023 y 2024 se suscribieron 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con firmas internacionales. Agregó que más de 20 empresas de distintos países manifestaron interés en el recurso boliviano.
La declaración surge en medio de un contexto político marcado por la división interna en el oficialismo y los cuestionamientos de sectores sociales, cívicos y legisladores de oposición, que exigen mayor transparencia en los acuerdos relacionados con los recursos naturales.
A pesar de las declaraciones del jefe de Estado, algunos legisladores han señalado que se requiere una auditoría técnica y legal sobre los convenios previos antes de continuar con el tratamiento de los contratos en el pleno.
El tratamiento de los contratos continúa en pausa mientras persisten las diferencias entre bancadas. La Asamblea Legislativa deberá decidir si aprueba o rechaza los convenios, en el marco de sus atribuciones constitucionales.
