La diputada nacional María René Álvarez presentó una demanda ante el Tribunal Agroambiental por el biocidio de jaguares ocurrido en el Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías, en el departamento de Santa Cruz.
La acción busca investigar de manera preventiva y sancionadora la matanza de cinco jaguares en 2023, perpetrada durante una incursión en dicha área protegida por parte del empresario argentino Jorge Nestor Noya y el español Luis Villalba Ruiz, quienes están señalados como responsables de este crimen, disfrazado como actividad turística.
Álvarez subraya la importancia de este caso como un precedente crucial en la defensa de los recursos naturales y especies en peligro, resaltando la necesidad de aplicar la ley contra la caza ilegal en Bolivia. Además, considera que este proceso representa una oportunidad para que los nuevos magistrados del Tribunal Agroambiental, bajo la presidencia de Richard Méndez, demuestren su compromiso con la justicia ambiental, libre de influencias políticas.
En cuanto al proceso judicial, Noya se encuentra en detención domiciliaria en Argentina, tras ser procesado en su país.
En septiembre de 2023, promovió una caza turística a través de su grupo Caza & Safari, que ofrecía la caza de diversas especies, incluidas las protegidas como los jaguares.
Dado el carácter internacional del caso, la demanda menciona diversas normativas internacionales que Bolivia ha suscrito, tales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites) y el Acuerdo de Escazú, entre otras.
En la solicitud, se exige la implementación de medidas preventivas eficaces para proteger la vida silvestre, especialmente las especies en peligro, y evitar futuras amenazas a la biodiversidad. Asimismo, se pide la prohibición temporal de actividades relacionadas con la caza, captura, transporte o comercialización del jaguar y sus derivados, así como el cierre de áreas donde se haya identificado caza furtiva.
Desde un enfoque preventivo, la diputada aboga por fortalecer los sistemas de monitoreo en áreas protegidas y reforzar los patrullajes, en colaboración con guardaparques, comunidades y fuerzas de seguridad. Además, propone intensificar los controles en puntos fronterizos y rutas comerciales clave para frenar el tráfico ilegal de productos derivados del jaguar.
