El asesinato del capitán de la Policía en Santa Cruz ha sacudido al país y ha expuesto una vez más la peligrosidad del crimen organizado en Bolivia. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó que los hermanos Erick y Osvaldo Hurtado Aguilera fueron identificados como los autores materiales del crimen, el cual, según las investigaciones, no se trató de un ajuste de cuentas, sino de una “venganza” planificada.


Ambos sujetos ya tenían antecedentes por homicidio y enfrentaban procesos judiciales por otros crímenes, lo que refuerza las sospechas de que forman parte de una estructura delictiva con amplio poder de operación. Sin embargo, las autoridades aún intentan determinar quién ordenó la ejecución y cuáles fueron las razones detrás del ataque. Aguilera aseguró que las investigaciones continúan y que se llegará hasta los responsables intelectuales.
El crimen ha encendido las alarmas dentro de las fuerzas del orden, que en los últimos meses han identificado un incremento en la actividad delictiva vinculada al narcotráfico y a redes criminales organizadas. En respuesta, el Gobierno ha intensificado los operativos en las zonas más conflictivas del país, estableciendo un área de “zona roja” en Santa Cruz y regiones aledañas, con el objetivo de contener el avance del crimen organizado.
Uno de los puntos más críticos en esta lucha es el Chapare, región señalada como el principal centro de producción y tráfico de drogas. Aguilera explicó que en esa zona se concentra el mayor número de laboratorios clandestinos y que los narcotraficantes han fortalecido su presencia mediante sistemas de seguridad que incluyen trampas y rutas ocultas para evadir a la Policía. Ante esta situación, el Gobierno ha desplegado un mayor número de operativos y ha advertido que no permitirá que estas estructuras sigan operando impunemente.
El asesinato del capitán de Policía no solo refleja la creciente violencia que enfrenta el país, sino que también evidencia la necesidad de medidas más contundentes contra las organizaciones criminales. Las autoridades han reiterado su compromiso de capturar a los responsables y desarticular las redes que buscan imponer su poder a través del terror.