El economista advierte sobre el uso político del proceso y denuncia que su nombre fue incluido arbitrariamente en una lista difundida por el Gobierno.
El economista y analista Gonzalo Chávez denunció públicamente este martes que fue citado por el Ministerio Público como testigo en el proceso relacionado con la toma militar de la plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio de 2024, encabezada por el entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga.
A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Chávez expresó su rechazo a esta convocatoria y cuestionó la legalidad de su inclusión en la lista de presuntos vinculados a lo que el Gobierno denomina un “gabinete civil del golpe fallido”.
“Me citan como testigo de un hecho que solo vi en los noticieros”, escribió. “Compareceré con respeto a la justicia y con la frente en alto, acompañado por mi abogado, pero también con la certeza de que tengo el derecho y el deber de proteger mi nombre, mi honor y mi trayectoria”.
La citación fue fijada para este jueves 17 de abril a las 9:00 en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Paz. El economista asegura no haber tenido ningún tipo de participación, ni conocimiento previo de los hechos investigados.
“Rechazo absolutamente haber formado parte de cualquier tipo de gabinete, grupo, reunión o coordinación vinculada directa o indirectamente con los hechos del 26 de junio”, afirmó.
Chávez cuestionó que su nombre haya sido incluido “sin fundamento, sin consentimiento, sin pruebas y sin sustento jurídico” en una lista difundida en un documental del Ministerio de Gobierno, y advirtió sobre antecedentes en los que testigos fueron luego procesados.
“En nuestro país existen antecedentes graves donde personas inicialmente llamadas como testigos, han terminado siendo imputadas, en procesos plagados de irregularidades y motivaciones políticas. Por eso, alerto a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos”, agregó.
Finalmente, el economista remarcó que su compromiso es con la democracia, la Constitución y el Estado de derecho, y rechazó el uso de “listas arbitrarias” que, según dijo, buscan dañar reputaciones y distraer la atención pública de los verdaderos desafíos del país.
