El Gobierno oficializó este lunes el incremento del 10% al salario mínimo nacional, que ahora se fija en 2.750 bolivianos. El anuncio fue realizado por el presidente Luis Arce, en una conferencia de prensa junto a representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), con quienes sostuvo una reunión previa.
Aunque la COB había exigido un aumento del 15% para el salario mínimo y del 20% para el haber básico, el acuerdo no se concretó en las mesas de concertación. El sector privado, que insistió en ser parte de las negociaciones, nuevamente fue marginado del proceso.
Desde distintos sectores productivos, la decisión fue recibida con preocupación. Advierten que el ajuste salarial podría agravar la crisis económica, poniendo en riesgo el empleo formal y empujando a más trabajadores a la informalidad.
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz fue una de las primeras en pronunciarse, calificando el incremento como insostenible para el sector. Mediante un comunicado, alertaron que la construcción enfrenta una crisis severa desde el año pasado, situación que —según advierten— podría desembocar en despidos masivos, mayor pobreza y una aceleración inflacionaria que debilite aún más el poder adquisitivo de la población.
“La exclusión del sector privado en las mesas de diálogo no solo es preocupante, sino que agrava la falta de soluciones reales para la economía nacional”, señala el documento.
El debate sobre los efectos de esta medida ya está instalado, mientras el país enfrenta una de sus coyunturas más frágiles en los últimos años.
