El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), conformado por magistrados cuyo mandato concluyó el 1 de enero de 2024 y que continúan en funciones pese a la falta de una norma que respalde su permanencia, estaría evaluando la posibilidad de habilitar al expresidente Evo Morales como candidato para las próximas elecciones generales.
De acuerdo con fuentes cercanas, los magistrados estarían dispuestos a emitir un auto constitucional complementario que obligue al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inscribir a Morales, a cambio de que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que extienda su mandato hasta 2028 y valide todas las decisiones emitidas desde que concluyó su gestión.
Entre los magistrados señalados por su participación en estas conversaciones figuran Gonzalo Hurtado Zamorano (Beni), Iván Espada Navia (Pando), Isidora Jiménez Castro (Santa Cruz), Lorena Gallardo (Cochabamba) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija).
La diputada Luciana Campero, en respuesta a esta situación, denunció lo que considera una forma de presión al Legislativo. A través de su cuenta de X, escribió: “Denunciamos un chantaje inaceptable: los autoprorrogados del TCP amenazan al Legislativo con habilitar a Evo Morales si no se aprueba una ley que blinde su mandato ilegal. Que vayan a chantajear a sus familias. El único papel que deberían ver estos señores es una sentencia ejecutoriada que los mande directo a una cárcel por vulnerar nuestra CPE”.
El pronunciamiento surge en medio del debate sobre la legalidad de las actuaciones del TCP tras la conclusión del mandato de sus actuales miembros, y mientras se aguarda una resolución por parte de la Asamblea Legislativa sobre el futuro de esta instancia judicial.
