PROCESO ELECTORAL EN PELIGRO POR LLUVIA DE ACCIONES CONTRA PARTIDOS Y EL TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, lanzó una advertencia contundente: el proceso electoral 2025 está siendo amenazado por una creciente ola de acciones judiciales que involucran tanto al Órgano Electoral como a partidos políticos en carrera. A la fecha, se han recibido al menos 10 acciones legales y se anticipa la presentación de cinco más.

“Estamos bajo acoso judicial”, declaró Tahuichi, quien explicó que las acciones en curso incluyen amparos constitucionales, acciones populares, de cumplimiento y de libertad, algunas dirigidas directamente contra el TSE, y otras en las que la institución actúa como tercer interesado.

Entre los casos más relevantes, mencionó un amparo contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), sigla que postula a Andrónico Rodríguez, cuya audiencia está prevista para este jueves. También figura la acción popular contra Morena y APB-Súmate, liderados por Eva Copa y Manfred Reyes Villa, respectivamente.

Además, hay acciones de cumplimiento impulsadas por Peter Erlwein Beckhauser, aunque una de ellas ya fue desestimada. Otro proceso fue retirado contra el MAS-IPSP, mientras que se mantiene un pedido de cancelación de la personería jurídica de Unidad Nacional, partido aliado de Samuel Doria Medina, por un supuesto acto de racismo.

Otra acción popular presentada por Humberto Claros apunta directamente a inhabilitar a ocho partidos políticos. Y se suman denuncias que buscan anular las personerías del MTS, PDC y UCS, actualmente en evaluación dentro del TSE.

Tahuichi también reveló que las acciones judiciales podrían presentarse incluso el mismo día de la elección o durante el cómputo oficial, lo que genera una inseguridad jurídica significativa. Además, enfatizó que las resoluciones emitidas por las salas constitucionales no serán definitivas, ya que pueden ser revertidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El vocal criticó a la Asamblea Legislativa por no haber aprobado una norma que proteja la estabilidad del proceso electoral. “Estamos dándole batalla con lo que tenemos”, concluyó.