CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA LEY QUE GARANTIZA EL DERECHO PROPIETARIO A MILLONES DE FAMILIAS

La Cámara de Diputados aprobó el jueves el proyecto de Ley 173/2024-2025, denominado “Mi hogar, mi patrimonio”, que busca regularizar el derecho propietario de viviendas en todo el país. La norma tiene alcance nacional y beneficiará a personas que actualmente habitan inmuebles urbanos sin contar con títulos legales.

La iniciativa fue presentada por la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), cuyos dirigentes se hicieron presentes en el hemiciclo para seguir el debate. Según estimaciones del sector, más de 4 millones de familias podrían beneficiarse con la aprobación de esta ley, que también contempla el saneamiento de bienes inmuebles pertenecientes a entidades públicas del Estado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que el proyecto fue aprobado en sus dos estaciones —en grande y en detalle— y fue remitido al Senado para su revisión constitucional. Hasta el momento, no se ha definido una fecha para el debate en la Cámara Alta.

El proyecto establece procedimientos técnicos y un programa específico para regularizar el derecho propietario sobre inmuebles urbanos destinados a vivienda. Además, prevé que las oficinas del Registro Público de Derechos Reales inscriban, de manera excepcional, el derecho propietario de personas naturales, permitiendo así formalizar la posesión de propiedades que han sido utilizadas como viviendas por años.

Legisladores de oposición han cuestionado la norma. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, afirmó que el proyecto podría “blanquear loteamientos”. Por su parte, la diputada del MAS, Deisy Choque, defendió la ley, asegurando que permitirá beneficiar a sectores vulnerables que han enfrentado dificultades para legalizar sus documentos.

La ley, que consta de 21 artículos, nueve disposiciones adicionales, dos transitorias y 10 finales, además de una disposición abrogatoria y derogatoria, sufrió modificaciones durante su tratamiento, incluida la anulación del artículo 21. La norma promete un mejor control de los bienes inmuebles municipales y representa un paso importante hacia la formalización del derecho propietario en Bolivia.