“ADIÓS A LOS PRIVILEGIOS: CONTRATACIONES DIRECTAS QUEDAN PROHIBIDAS”

El Ejecutivo decidió poner fin a las contrataciones directas como norma general y restablecer la obligatoriedad de las licitaciones públicas para todas las obras y servicios estatales, según lo establece el Decreto Supremo 5600. La medida se inscribe en un esfuerzo por reforzar la transparencia y garantizar que los proyectos cuenten con bases técnicas y legales antes de su ejecución.

Durante la gestión anterior, se aprobaron al menos 161 decretos que permitieron adjudicaciones sin convocatoria pública, lo que —según la autoridad— generó irregularidades y cuestionamientos por la falta de estudios previos. Se citaron casos de proyectos millonarios otorgados sin respaldo técnico, obras con ausencia de estudios de suelo e incluso la compra de un avión presidencial con presunto sobreprecio.

En este marco, el viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que, a partir de ahora, todos los procesos deberán cumplir requisitos previos como estudios de factibilidad, justificación económica, saneamiento de terrenos y análisis técnicos antes de su ejecución. “Se restablece el cumplimiento de todos los requisitos previos para una contratación. Los proyectos deben ser viables, contar con estudios y condiciones adecuadas”, afirmó el viceministro.

La norma contempla excepciones únicamente en casos de emergencia o desastres naturales, descartando la utilización de la contratación directa para otros fines discrecionales. Según García, estas excepciones “solo para situaciones de urgencia real, no para justificar contrataciones discrecionales”.

Los contratos ya vigentes seguirán bajo el principio de irretroactividad, pero todos los ministerios deberán revisar los procesos realizados bajo los decretos anteriores para identificar posibles hechos de corrupción. Se espera que, en los próximos 30 días, se den a conocer los primeros resultados de estas auditorías, junto a eventuales denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría.

Con esta disposición, el Gobierno busca que los recursos públicos se manejen de manera eficiente, los proyectos estatales sean técnicamente sólidos y se eviten sobreprecios o irregularidades en la administración de fondos.