POLÍTICA
RODRIGO PAZ EXPLICA SEIS DECRETOS SUPREMOS Y ASEGURA QUE BUSCAN PROTEGER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS BOLIVIANAS
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó los alcances de seis decretos supremos promulgados por su Gobierno, asegurando que las medidas buscan proteger la economía familiar, combatir los cobros ilegales y establecer nuevas reglas para diferentes sectores productivos. Las disposiciones abarcan ayudas económicas para huérfanos de feminicidio, el precio del gas licuado, las exportaciones de oro, la devolución de impuestos, las denuncias por extorsión y las tarifas eléctricas.
A través de sus redes sociales, el mandatario explicó las principales características de los decretos supremos 5745, 5746, 5747, 5748, 5749 y 5750, destacando los beneficios que, según el Ejecutivo, se pretende generar para la población.
Paz sostuvo que estas decisiones forman parte de las acciones gubernamentales destinadas a brindar mayor estabilidad económica y fortalecer los mecanismos de protección social.
DECRETO 5745: BONO MENSUAL PARA HIJOS HUÉRFANOS POR FEMINICIDIO
Una de las medidas anunciadas por el presidente establece un apoyo económico para niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de un feminicidio.
El Decreto Supremo 5745 contempla la entrega de un beneficio mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional.
Tomando como referencia el salario mínimo de Bs 3.300, el monto corresponde a Bs 660 mensuales.
Además, los beneficiarios menores de cinco años recibirán un paquete alimentario, mientras que la disposición también contempla el acceso a servicios de salud y educación.
El objetivo de esta medida es brindar apoyo a menores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad tras la pérdida de sus madres.
DECRETO 5746: GOBIERNO MANTIENE EL PRECIO DE LA GARRAFA DE GAS EN BS 22,50
El mandatario aseguró que el Decreto Supremo 5746 mantiene el precio de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP) en Bs 22,50.
Según explicó, las variaciones en los costos asociados a este combustible no serán trasladadas directamente al consumidor.
Para sostener el precio establecido, el Gobierno contempla mecanismos de compensación económica a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La medida busca evitar que los cambios en los costos de abastecimiento repercutan inmediatamente en el precio que pagan los hogares por este producto de uso cotidiano.
DECRETO 5747: EXPORTADORES DE ORO DEBERÁN ACREDITAR EL INGRESO DE DIVISAS
Otra disposición está relacionada con el sector aurífero y el ingreso de moneda extranjera al país.
El Decreto Supremo 5747 establece que los exportadores de oro deberán acreditar el ingreso de divisas equivalente al 80% del valor de sus exportaciones anteriores, conforme a las condiciones previstas en la normativa.
Paz aclaró que esta disposición no elimina la libertad de exportación, sino que introduce una exigencia relacionada con la acreditación de recursos provenientes de las operaciones comerciales.
La medida forma parte de los cambios impulsados por el Ejecutivo para regular el ingreso de divisas generado por determinadas actividades exportadoras.
DECRETO 5748: DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A EXPORTADORES MEDIANTE CEDEIM DIGITAL
El Decreto Supremo 5748 incorpora modificaciones en los procedimientos relacionados con la devolución de impuestos a los exportadores.
El presidente explicó que las empresas podrán recuperar los tributos correspondientes a compras y costos vinculados con sus actividades de exportación mediante el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) digital.
Este instrumento permite utilizar los montos reconocidos para el pago de obligaciones tributarias, conforme a los requisitos establecidos.
Entre los cambios anunciados se encuentran dos plazos:
- 10 días para la calificación de facturas.
- 180 días para presentar la solicitud correspondiente.
Paz indicó que la disposición entrará en vigencia el 1 de junio de 2027.
Según el Ejecutivo, la digitalización busca agilizar los procedimientos y fortalecer la transparencia en la administración de estos beneficios tributarios.
DECRETO 5749: HABILITAN DENUNCIAS POR COBROS ILEGALES Y EXTORSIÓN
El Decreto Supremo 5749 establece mecanismos para denunciar a servidores públicos que presuntamente soliciten dinero o favores a cambio de realizar trámites judiciales o administrativos.
El mandatario señaló que las personas que enfrenten estas situaciones podrán presentar denuncias por escrito ante el Viceministerio de Transparencia.
Los reclamos podrán realizarse mediante las oficinas correspondientes o a través de la plataforma digital habilitada para este propósito.
Además, la normativa contempla la posibilidad de aplicar reserva de identidad, según las condiciones previstas para cada caso.
La disposición busca fortalecer los mecanismos de denuncia frente a posibles actos de corrupción y abuso de funciones dentro de la administración pública.
DECRETO 5750: MODIFICAN LA FÓRMULA DE CÁLCULO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
Finalmente, el presidente explicó que el Decreto Supremo 5750 introduce cambios en las fórmulas utilizadas para calcular los precios y tarifas máximas de electricidad.
La normativa contempla ajustes relacionados con las variaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense y otros componentes económicos del sector eléctrico.
El Gobierno sostiene que el nuevo mecanismo permitirá dar mayor estabilidad a los cálculos tarifarios y reducir el impacto de fluctuaciones puntuales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, había explicado que la modificación incorpora un promedio mensual del tipo de cambio, en lugar de considerar una referencia correspondiente a un solo día.
Sin embargo, la actualización de la fórmula no significa que las tarifas eléctricas permanecerán congeladas, ya que sus valores futuros dependerán de las variables económicas y de las decisiones regulatorias correspondientes.
GOBIERNO DEFIENDE LAS MEDIDAS Y SUS EFECTOS EN LA ECONOMÍA
Rodrigo Paz sostuvo que los seis decretos responden a diferentes necesidades económicas y sociales del país.
Las disposiciones combinan medidas de protección para sectores vulnerables, mecanismos para mantener determinados precios, cambios en las operaciones de exportación y nuevas herramientas para denunciar presuntos actos de corrupción.
El Ejecutivo considera que estas decisiones contribuirán a brindar mayor previsibilidad a las familias y a las actividades económicas.
No obstante, los efectos concretos de cada decreto dependerán de su implementación, del cumplimiento de los procedimientos establecidos y de la evolución de las condiciones económicas.
Por el momento, el Gobierno mantiene su posición de que las nuevas disposiciones buscan proteger el poder adquisitivo de los bolivianos y establecer reglas más claras para el funcionamiento de la economía nacional.
