El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se pronunció este martes en contra de la decisión de la juez Lilian Moreno, quien anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, en un proceso en el que se investiga un presunto delito de índole sexual.
A través de sus redes sociales, Saucedo expresó su rechazo a esta resolución judicial y defendió el derecho de las víctimas a obtener justicia, especialmente cuando se trata de casos relacionados con menores de edad.
“No compartimos la posición de jueces, que permiten a ciudadanos procesados por hechos de ped0filia, burlarse de la justicia. PRIMERO NUESTROS NIÑOS”, escribió en su cuenta oficial.
El titular del máximo tribunal de justicia del país fue enfático al remarcar que decisiones como la de la juez Moreno generan indignación social y socavan la confianza en el sistema judicial. “La niñez debe ser protegida en todo momento. No se puede permitir que un proceso tan sensible sea frenado por fallos que favorecen la impunidad”, habría añadido en contacto con medios de comunicación.
La anulación de la orden de aprehensión fue dispuesta el pasado lunes por la juez de instrucción penal Lilian Moreno, quien argumentó presuntos defectos procesales. Sin embargo, la decisión fue duramente cuestionada por autoridades, juristas y activistas que consideran que el caso debe seguir su curso legal con total transparencia y sin privilegios.
Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez también se pronunciaron exigiendo que la justicia actúe con celeridad y que ninguna figura pública esté por encima de la ley.
El caso contra Evo Morales fue abierto en 2020, luego de que se difundieran indicios sobre una supuesta relación con una menor de edad. Aunque el exmandatario negó las acusaciones, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de estupro. La orden de aprehensión fue emitida en 2022, pero nunca se ejecutó.
La reciente anulación reavivó el debate sobre la independencia judicial en Bolivia y sobre el rol de las autoridades en la protección de los derechos de los menores.
