Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera la Sentencia 007/2025, que prohíbe la reelección presidencial tanto continua como discontinua, Evo Morales calificó el fallo como una vulneración directa a la Constitución Política del Estado (CPE) y a los derechos políticos de los bolivianos.
En una declaración difundida este martes, Morales denunció que el TCP —compuesto por magistrados a los que tilda de “autoprorrogados ilegalmente”— está modificando el artículo 168 de la CPE sin tener la competencia legal para hacerlo, y cuestionó la legitimidad del fallo:
“La Constitución Política del Estado vigente en Bolivia no prohíbe la reelección discontinua. El Art. 168 de nuestra CPE establece: ‘El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos POR UNA SOLA VEZ DE MANERA CONTINUA”.
Aseguró que la sentencia no solo invade competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa, sino que también usurpa funciones del Tribunal Supremo Electoral:
“En nuestro país, la Constitución solo se puede modificar mediante Asamblea Constituyente o a través de un Referendo convocado por Ley que es de competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa y no del TCP”.
Añadió que el TCP está actuando bajo intereses políticos:
“No nos sorprende para nada el fallo del TCP que sale luego de la presión y amenaza de ministros del gobierno que se acaba. Es una sentencia política y partidaria que obedece a las órdenes del eterno enemigo del pueblo: el imperio norteamericano”.
Morales sostiene que esta decisión es parte de un plan sistemático para impedir su participación en las urnas:
“Es parte del Plan Negro redactado por el gobierno y ejecutado por su ejército de magistrados, jueces y fiscales a los que los controla para consolidar su estrategia de proscripción política al candidato que tiene mayor preferencia electoral”.
Finalmente, anunció que llevará su denuncia fuera del país:
“Como es muy difícil encontrar justicia, por ahora, vamos a llevarlos a tribunales internacionales a todos aquellos que prevarican por razones políticas y violan los derechos de los ciudadanos a ser electores y/o ser elegidos en las urnas”.
