El enmallado de más de 1.500 metros de largo, instalado por Chile en territorio boliviano, ha reavivado una serie de disputas fronterizas que se remontan a 2011. Lo que inicialmente fue presentado como una medida para proteger el ganado chileno que cruzaba a Bolivia, se ha convertido en un símbolo de desobediencia y desconfianza. Según autoridades y pobladores de Pisiga Bolívar, el cercado no solo impide el paso del ganado, sino que también corta el acceso al agua, lo que afecta directamente a los habitantes del lado boliviano.
Recientemente, en enero de 2025, la polémica ha escalado cuando una funcionaria de la Aduana Nacional de Bolivia defendió la instalación del enmallado como parte de un acuerdo bilateral para frenar la migración irregular, desatando aún más críticas. La defensa de este acuerdo internacional ha desatado un fuerte rechazo en Bolivia, donde muchos consideran que este tipo de medidas atentan contra la soberanía nacional. La indignación alcanzó su punto máximo cuando un grupo de ciudadanos intentó retirar la malla, lo que llevó a la intervención policial y la detención de los implicados.
La situación plantea serias interrogantes sobre la autonomía de Bolivia frente a acuerdos internacionales con Chile. ¿Es el Gobierno boliviano cediendo ante la presión externa? ¿La protección de la soberanía se está poniendo en segundo plano frente a la migración y otros intereses regionales? La polémica se intensifica mientras crecen las voces que exigen la reparación de este “injustificable cercado” y que el país tome medidas para recuperar lo que consideran un derecho territorial fundamental.
Este conflicto no solo pone en jaque la relación bilateral, sino que también refleja las tensiones internas dentro de Bolivia, donde sectores de la población están cada vez más dispuestos a cuestionar las decisiones gubernamentales que, según ellos, comprometen la seguridad y el bienestar de sus comunidades. ¿Está Bolivia realmente defendiendo su territorio, o estamos ante un caso de sumisión política?
